SUMARIO
I.- PARTE:
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA BAJO LA DICTADURA FUJIMORISTA.
II.- PARTE:
ARTÍCULOS
CONTRA LA BARBARIE ECONÓMICA Y POLÍTICA: 1995-2015.
CONTRA
LA BARBARIE
¿CÓMO
RECUPERAR EL ESTADO PERUANO PARA LA DEMOCRACIA?
Lucha
y victoria contra la corrupción en:
El
Congreso
El
Poder Judicial
El
Tribunal Constitucional
Los
Poderes Mediáticos
En el Perú, bajo la Constitución
impuesta mediante Golpe (1992) y fraude (1993) por la organización criminal de
Fujimori-Montesinos dos persecuciones políticas –cuyos autores principales
permanecen en su mayoría impunes- pusieron en evidencia el atropello
(encubierto tras formalismos) al Estado de Derecho que era la esencia de esa
dictadura:
1. El Congreso fue
convertido en Tribunal que usurpando la función del Poder Judicial fabricó
procesos, sancionó con destitución y despojo de todos sus derechos a tres
Magistrados del Tribunal Constitucional que se habían negado a avalar la
reelección de Fujimori y a un Congresista que no se calló ante el fraude.
2. El Congreso obligó al
Vocal y Fiscal Supremos a abrir juicio “penal” contra un Congresista sometiendo
al Poder Judicial al Congreso, poniendo en evidencia el carácter autocrático de
la Constitución fujimorista (Art. 100).
3. El Congreso despojó de su
cargo a un Congresista y lo privó de su inmunidad sin contar con mayoría
calificada sancionándolo por imputación de delito antes de juicio.
Es libro contiene los documentos
principales, los debates, la noticias, las sentencias y documentos finales y un
análisis de cómo la mafia usó al Estado Criollo y los medios de comunicación
comprados por Montesinos y Fujimori para difamar, desacreditar y despojar de su
cargos a los opositores que nunca se rindieron ni se pusieron de perfil frente
al abuso y la corrupción durante el Fujimorato: se trata de los Magistrados del
Tribunal Constitucional Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry, Delia
Revoredo Marsano y del Congresista Manuel Lajo, despojados de sus cargos en
represalia por no someterse sino combatir el intento de reelección y el fraude
de la dictadura de Fujimori/Montesinos.
Manuel Lajo fue difamado desde
Noviembre 1998 y despojado de su cargo en 1999, con descerraje de su oficina y
secuestro de su documentación. Al ser absuelto cuatro años después (luego de
largos años de tortura judicial) mediante una sentencia que reconoce que todo
fue una persecución política, con 70 Congresistas que lo apoyaron logró otra sentencia
del tribunal Constitucional que ordenó al Congreso modificar la Constitución y
el Reglamento del Congreso para que en futuro no se cometan abusos tan
gigantescos como los realizados contra Manuel Lajo.
Sin embargo, transcurridos 13 años
desde entonces y pese a 4 Decisiones del Comité de Derechos Humanos de la Unión
Interparlamentaria Mundial el Congreso se demora en cumplir la ley.
Devolviéndole sus derechos, desagraviando e indemnizando por el gigantesco daño
causado a Manuel Lajo y al CENES por los mecanismos mafiosos y corruptos aun no
desmontados en el Congreso y el Estado criollo peruano.
Hace 15 años entregué a Valentín
Paniagua, Carlos Ferrero y al diario La República el ensayo “Cómo Recuperar el
Congreso para la Democracia”. Nunca fue publicada y no sé si sirvió a Paniagua
y Ferrero, que dirigieron la lucha anticorrupción en los años siguientes.
“Cómo Des envilecer el Congreso” es la continuación de ese ensayo y
significa que no logró recuperar el Congreso sino que sigue siendo una institución
muy poco democrática y sigue corrupta.
El ensayo de hace una década y media
tenía 4 capítulos que mostraban
·
Cómo
la lucha anticorrupción había sido convertida en instrumento de la red mafiosa
para expulsar del Estado y desprestigiar a los que luchábamos contra sus
fechorías: los Magistrados del Tribunal Constitucional Aguirre Roca, Rey Terry
y Delia Revoredo y los Congresistas como Beatriz Merino o el suscrito, que
nunca nos rendimos al asedio oficialista y sus aliados corruptos en la
oposición
·
Cómo
habían transformado el sistema de remuneraciones y gastos operativos en un
mecanismo de prebendas –en su conjunto llegaban a pagar 10 mil dólares
mensuales a cada Congresistas- para intentar corromper a todos los
parlamentarios de modo que no fiscalicen ni combatan la corrupción generalizada
·
Cómo
habían convertido los viajes internacionales (“turismo parlamentario”) en un
sistema de premio y castigo para someter a los Congresistas a los intereses del
oficialismo corrupto
·
Cómo
habían multiplicado innecesariamente las comisiones y otras instancias para
aumentar los cargos burocráticos que se podían distribuir entre los
Congresistas pero no aseguraban ni la legislación ni la fiscalización
correctas. El Congreso fue convertido –y aún lo es- en una parte de la ubre
estatal ordeñada por argollas con acceso a tales mecanismos.
Este análisis fue elaborado en
Noviembre y Diciembre del 2000, tras una denodada lucha para derribar a la
dictadura de Fujimori y Montesinos mostrando los fraudes electorales que
explicaban su control de todos los poderes y la política económica a favor de
los monopolios (combate que ocupó mis 5 años de Congresista entre Julio 1995 y
Julio 2000).
El análisis sirvió también para
evitar desde Noviembre 1998 mi liquidación moral y material mediante una
campaña psicosocial de destrucción de imagen y un “juicio penal” que me abrió
la dictadura para despojarme ilegalmente de mi cargo de Congresista.
Apenas huyó al Japón entregué ese
ensayo a Valentín Paniagua, la víspera de ser elegido Presidente de la
República; a Carlos Ferrero, la víspera de ser elegido Presidente del Congreso,
y a la República (Gustavo Mohme Seminario) esperando publicará el ensayo.
Mi opinión es que durante la
década y media la lucha
anticorrupción y hacia la transición a
la democracia tuvo dos etapas:
1. Una con voluntad bastante
radical pero aún con precarios instrumentos legales presidida por Valentín Paniagua, Javier Pérez de
Cuellar y Carlos Ferrero desde Diciembre 2000 (caída de Fujimori) hasta Julio
2001 (toma de mando por Alejandro Toledo) y otra
2. Durante el Gobierno de
Toledo (Julio 2001-Julio 2006) en que fue perdiendo fuerza y dejó –por cuoteo
partidario que primó sobre la acción contra la mafia, corrupción en la lucha
anticorrupción y recuperación de la capacidad corruptora del Estado criollo,
especialmente el Poder Judicial y el Congreso- que una parte de la mafia
fujimontesinista se reciclara como “movimiento político” y lograra asociarse
parcialmente con el Gobierno de Alan García, buscando recuperar una mayor cuota
de poder.
Pero concentremos la
atención en el actual Congreso (1990-2000).
LA
DICTADURA HA COMPRADO AL CONGRESO PARA SOMETERLO A SU VOLUNTAD
El mundo y el país
contemplan con espanto la descomposición de la dictadura peruana en su intento
cerril de prolongar su control del estado, es un alarde increíble de cinismo.
Pero desmontar el tinglado de instituciones estatales corruptas y corruptoras
debe hacerse con decisión y rigor. Construir el Estado democrático de la nación
peruana requiere ir al fondo de los problemas para resolverlos y no entrar en
complicidad con los vicios que se deben superar.
Este informe revela cómo
el Fujimorato ha convertido al Congreso en un instrumento para someter a todo
el Estado a los intereses de la cúpula golpista de Abril 92.
Muestra cómo para buscar
convertirlos en cómplices de todo atropello Fujimori y su cúpula golpista han
establecido diversos mecanismos, mezcla de privilegio y amenaza para obtener
una conducta favorable. Tal vez el menos conocido con precisión es cómo se ha
aumentado los pagos directos e indirectos hasta llegar a que cada uno de los
120 congresistas obtenga como ingresos o gaste cerca de un millón y cuarto de
dólares en el quinquenio si es oficialista y más de 900 mil dólares si es
opositor. Estos ingresos, desmesurados en un país de indigencia generalizada, y
sobre todo ausentes de evaluación y fiscalización por los ciudadanos que eligen
o por partidos que no existen aún como organizaciones democráticas, en muchos
congresistas no sólo altera la identificación necesaria con la mayoría del
pueblo pobre y desempleado sino que facilita que los intereses de minorías
privilegiadas y de sus lobbies se impongan en el trabajo legislativos.
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