¿PODEMOS ACEPTAR LA IMPUNIDAD DE LOS GOLPISTAS?

UNA SALA SUPREMA DEL PODER JUDICIAL PRETENDE QUE LOS QUE DAN UN GOLPE DE ESTADO NO COMETEN DELITO EN EL PERU.

El abogado Cateriano ha sintetizado en el artículo que se reproduce la insólita pretensión de absolver a los que atropellaron la Constitución y la ley en Abril del 92 bajo las órdenes de Fujimori y Montesinos. Si dejamos pasar esto seríamos cómplices de la legalización de los golpes de Estado en el Perú.

M. Lajo

UN FALLO DE CUIDADO

14 de julio de 2009

Por: Pedro Cateriano

Jurista

En medio de la conmoción social que vive el Perú, una noticia de alto impacto político y jurídico ha pasado inadvertida: la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha absuelto a los nueve ex ministros cómplices del golpe de Estado que perpetró Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.

Los jueces de este máximo tribunal solo han confirmado la pena de 10 años al general Juan Briones, ex ministro del Interior, que actualmente se encuentra detenido, por haber sido responsable de los secuestros ocurridos el día del rompimiento del orden constitucional.

Esta ignominiosa resolución revoca la condena benigna de cuatro años que había impuesto la Sala Especial de la Corte Suprema a los ex ministros acusados de complicidad secundaria en el golpe de Estado (a pesar de haber sido coautores). Sostener ahora que son inocentes constituye un verdadero escándalo jurídico.

"No existe la autorización de los jueces chilenos para que se inicie el juicio a Fujimori por este delito"

Está probado que cuando Fujimori tomó la determinación de romper el Estado de derecho, convocó a sus ministros para informarles acerca de sus planes, entre los que estuvo la dación del Decreto Ley 25418, estableciendo el cierre del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría General de la República, normas refrendadas por cada uno de ellos, y que el déspota instrumentó para asumir poderes dictatoriales. Los únicos que renunciaron a sus cargos, quedando excluidos de toda responsabilidad, fueron el presidente del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros, y el ministro de Agricultura, Gustavo González Prieto.

Fujimori hasta ahora no ha respondido ante la justicia por ese gravísimo delito, debido a que el gobierno del presidente Alan García aún no envía a la Corte Suprema de Chile, que lo extraditó, el expediente del caso y, por lo tanto, no existe, conforme al derecho internacional, la autorización correspondiente de los jueces chilenos para que se inicie el juicio en el Perú.

No deja de llamar la atención que la desidia gubernamental por impulsar ese proceso coincida con el apoyo que recibe García de los parlamentarios fujimoristas en el Congreso. Tampoco es casual que los partidarios del líder del Apra —que frecuentemente son muy locuaces cuando tocan estos aspectos— no hayan cuestionado la aberrante sentencia absolutoria, que desde el punto de vista político y jurídico no es solo peligrosa para el débil sistema democrático peruano.

Lamentablemente, este bochornoso incidente judicial ocurre en medio de una crisis política en América Latina, que vuelve a ver con estupor cómo se rompe el orden constitucional en Honduras, que el propio Manuel Zelaya ayudó a socavar.

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